Este relato puede parecer el guion de una película, o un nuevo capítulo de una serie de moda; nada más lejos de la realidad. Esta es la historia real, con toda la verdad sobre el escandaloso (o no tanto) caso de “la casa de Polo”.

La historia comienza la víspera del verano de 2011. En Cartaya se produce un auténtico terremoto político: Juan Polo acaba de derrotar en las urnas al PSOE más fuerte de la provincia de Huelva, el de Juan Millán.

Este hecho no es menor, tiene una enorme trascendencia, mucho más cuando Polo recién investido alcalde anuncia que va a encargar una completa auditoria para conocer el estado real del Ayuntamiento de Cartaya. Este sencillo anuncio pone a mucha gente nerviosa, y los más nerviosos empiezan a diseñar alguna solución que los libere del escarnio público que a buen seguro se producirá dentro de algunos meses.

Más de dos décadas de gobiernos socialistas dieron para mucho, especialmente para algunas personas que llevaban viviendo de lo público de forma muy holgada y en muchos casos con evidentes comisiones de delitos. Esto es lo que se temían, “si Polo levanta las alfombras vamos a tener muchos y muy serios problemas”. Había que meterle mano a Polo, para como mínimo, provocar una inhabilitación.

En 2012 se presenta en la Fiscalía de Huelva una denuncia anónima por la presunta comisión de los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en Cartaya puesto que Polo tenía una edificación en las mismas condiciones que casi 1.000 edificaciones irregulares en el campo. ¿Por qué se presenta de forma anónima? Porque se corría el riesgo de que derribaran mil viviendas y el PSOE no quería que se supiera que ellos estaban detrás.

Se inicia por la Fiscalía un procedimiento de comprobación de los hechos denunciados, y finalmente se archiva por entenderse que no había indicios suficientes de delito. LA FISCALIA CIERRA LA PUERTA A LOS DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE.

A mediados de 2014, con la mente puesta en las elecciones de 2015, el PSOE necesita volver a impulsar la historia contra Polo. Pero esta vez necesita que haya un denunciante por lo penal, para que el procedimiento pase el filtro de la fiscalía. Necesitan a alguien sin prestigio, que no tenga nada que perder y sí mucho que ganar, alguien que se preste a poner su nombre. El consenso llega de inmediato, Juan José Molins Pérez. Presenta la denuncia pidiendo la comisión de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación.

Después de las comprobaciones tras admitir a trámite la denuncia, el Juzgado se pronuncia diciendo que no se cumplen los requisitos penales para ninguno de los delitos que se le piden, y que en el de prevaricación en todo caso sería por omisión; es decir, por dejar de hacer algo, no por hacerlo.

Como el denunciante (recordemos, Molins, el hombre del PSOE) no está de acuerdo, empieza a recurrir las decisiones del Juzgado contrarias a sus intereses (y los de su partido), y va cosechando una tras otra resoluciones judiciales en contra:

• Auto del 27 de Abril de 2015, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº3 de Ayamonte, viene a confirmar lo que ya dijo la Fiscalía en 2012, como se aprecia en el extracto del referido documento:

• Auto del 30 de Junio de 2015 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, vuelve a reiterar una vez más lo que ya dijo la Fiscalía en 2012:

Pero todavía, el denunciante (recordemos, Molins, el hombre del PSOE), no está conforme por lo que intenta ampliar su denuncia a todos los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de aquel tiempo que votaron a favor del procedimiento de legalización de TODAS las viviendas, incorporando nuevos presuntos delitos como la desobediencia por parte de funcionarios, y tráfico de influencias. Está desatado (el PSOE claro, aquí Molins sólo está para firmar).

La ampliación, lógicamente es rechazada por el Auto de 7 de Noviembre de 2017 por entender el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº3 de Ayamonte, que TODOS LOS HECHOS imputados ya habían sido “sobreseídos y archivados” con anterioridad, veamos:

El único delito pendiente de ser resuelto, por lo tanto, sería el de prevaricación por omisión. Es decir, el juez considera que Polo no ha cometido ningún delito por su edificación en el campo, sino como mucho por no haber iniciado un procedimiento sancionador para las 1.000 viviendas (incluida la suya) en situación irregular que había en Cartaya. Pero es que aún hay más, la declaración bajo juramento del funcionario Secretario del Ayuntamiento asegura que recomendó a Polo no hacerlo, puesto que hacía mucho tiempo el propio Ayuntamiento había iniciado el procedimiento para regularizar las 1.000 viviendas edificadas en el campo; descargando a Polo de toda responsabilidad también en el presunto delito de prevaricación por omisión, que sigue vivo.

Le quedaba muy poco recorrido a toda esta historia y el archivo de la causa contra Polo era cuestión de días.

Llegados a este punto, el denunciante (recordemos, Molins, el hombre del PSOE) continúa realizando petición de diligencias, recurriendo decisiones, etc… Pero el procedimiento no se mueve hasta hace unos días, causando una enorme sorpresa a todas las partes por el poco sentido de las mismas.

Un juez de apoyo recién incorporado a Ayamonte, tiene la encomienda de sacar adelante procedimientos para desatascar la saturación de los Juzgados de Ayamonte y dicta una resolución en la que viene a decir que continúe el procedimiento. Pero en el escrito se evidencian algunos errores como que se citan delitos que nunca han formado parte de las sucesivas denuncias y/o ampliaciones, sigue citando presuntos delitos ya archivados, sobreseídos o prescritos y procedimientos que ya han finalizado hace años.

Esta oportunidad, caída del cielo, la está utilizando estos días el PSOE para desestabilizar la formación de gobierno en Cartaya y que por una enorme carambola del destino, les caiga la alcaldía en las manos. Algo que no va a ocurrir.

Por supuesto, el escrito presentado por este último juez ha sido recurrido, con total seguridad nos van a dar la razón (puesto que hacemos referencia a autos dictados en firme con anterioridad) y el procedimiento volverá a estar donde estaba hace un mes, pendiente de resolver el único presunto delito por el que aún no se han pronunciado, el de prevaricación por omisión.

Recordamos que este delito significa “no haber hecho algo que deberías haber hecho”. En el contexto de este caso: no haber iniciado expediente sancionador a todas y cada una de las mil casas de campo que había en situación irregular, y que a día de hoy no lo están.

Esta es la historia completa. Ya ves, mientras el PSOE sigue “preocupado por la estabilidad del gobierno de Cartaya”, lo cierto es que es LA MAFIA socialista la que lleva alargando este proceso desde hace 7 años con todos los inventos posibles para que siga viva la investigación, cada día de un nuevo delito.

Un último detallito sin importancia. Durante todo este tiempo ha habido numerosos contactos, el último no hace mucho, en estos términos: “la denuncia se retira si el en Cartaya, tal”, “no presentamos acusación si el pacto en Cartaya, cual”, “esto se termina mañana si Polo, pascual”.

Pero tranquilos, que así tampoco van a llegar.

 

 

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