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El pleno respalda la personación del Ayuntamiento en el Caso Hiconsa

Todos los grupos con representación municipal, a excepción del grupo municipal socialista, apoyan las actuaciones municipales por considerar, según destacó el alcalde, “que en todo momento se han defendido los intereses del Ayuntamiento, puesto que lo que reclamamos eran 3,1 millones de euros que entendíamos todos los grupos con representación en este pleno, a excepción de un solo grupo, que este consistorio había dejado de ingresar por un convenio urbanístico que había lesionado los intereses municipales, algo que además respalda el auto de la Audiencia Provincial, que ordenó en su día reabrir el caso, literalmente, “por posibles indicios de delito”.


El alcalde asegura que "la denuncia del Caso Hiconsa la respaldan todos los grupos municipales, menos uno, y solo perseguía defender los intereses municipales"El pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha rechazado hoy, con los votos de los grupos municipales ICAR, PP, PA e IU, la moción del grupo municipal socialista exigiendo que se asuman responsabilidades por la sentencia del Caso Hiconsa.

Ha sido rechazada por once votos a seis, con lo que la mayoría del pleno ha respaldado la actuación municipal en dicho procedimiento judicial, que, según destacó el alcalde, “ha estado respaldada en todo momento, desde que se formalizó la denuncia en 2009, por todos los grupos políticos con representación en este pleno, a excepción del grupo socialista”.

Aclaró Polo que “detrás de la denuncia que dio pie al Caso Hiconsa no están cinco personas a título individual, sino que están y han estado siempre todos los grupos políticos del arco municipal, que acordaron en sus asambleas la necesidad y la responsabilidad de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, para que se investigaran y se aclarara las circunstancias de un convenio urbanístico por el que consideramos que este Ayuntamiento dejó de ingresar 3,1 millones de euros”. Con este convencimiento, “por absoluta responsabilidad, y poniendo en riesgo nuestro patrimonio personal, interpusimos una denuncia, y en 2011, todos los grupos con representación municipal (ICAR, PP, PA, UPyD e IU), nuevamente a excepción de los socialistas, decidimos que el Ayuntamiento de Cartaya debía personarse en el proceso, como parte directamente perjudicada por dicho convenio”Este aspecto, insistió, “no se decide aleatoriamente, sino cuando hay un pronunciamiento de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, que, con un auto de fecha 20 de septiembre de 2011, decide reabrir el archivo previo de la denuncia interpuesta en 2009 por, y cito literalmente, considerar “la posible existencia de indicios de delito”.

El primer edil negó tajantemente “intereses personales, espúreos o mala fe, como demuestra el hecho de que las personas que firmamos y respaldamos esta denuncia, pusimos nuestro patrimonio personal a disposición de nuestros grupos políticos y de los propios intereses municipales, sin nada que ganar a título particular si la sentencia hubiera sido favorable, caso en el que el único que hubiera ganado hubiera sido el propio Ayuntamiento, que ingresaría los 3,1 millones de euros que consideramos dejó de percibir en su día”.

La Audiencia Provincial avaló la personación municipal en el Caso HiconsaArgumentó Polo que “la defensa de los intereses municipales ha sido siempre nuestro único objetivo y lo que realmente hubiera sido reprochable habría sido el mirar hacia otro lado cuando la propia Audiencia Provincial en su auto instaba a reabrir el caso y continuar con la instrucción, argumentando literalmente la posible existencia de indicios de delito”. Incluso especifica el auto, sobre la concesión a HICONSA de sendas licencias urbanísticas, que ”examinado como un conjunto …… pondría de manifiesto una cadena de concesiones o favores, y en vista de los vínculos personales que se denuncian, la posible calificación penal no es de descartar”.

Con este auto en la mano, señaló Polo, “no denunciar hubiera sido no cumplir con nuestro deber como responsables públicos. En todo momento todos los grupos hemos hecho lo que nos correspondía, que era ponerlo en conocimiento de la justicia, y que no se preocupe nadie, que cada uno de nosotros, con nuestra conciencia muy tranquila de haber cumplido con nuestra obligación como concejales de este Ayuntamiento, haremos frente a las costas particulares que nos correspondan”.